Oficiales del departamento “Lacra Social”, del ministerio del interior, se dedican a la pesca de chicas en la calle, por lo general, negras, humildes y sin influencias que las amparen; las arrestan y conducen para “Villa Delicia” (prisión depósito donde las ubican en espera de sanción ), en cuestión de pocos días las procesan en juicios sumarios y luego las confinan en los Centros de Detención y Rehabilitación de Prostitutas.

El arresto en la vía pública de muchachas se debe, entre otras razones, por vestir ropas cortas y ajustadas al cuerpo, visitar centros de consumo en moneda convertible, andar solas o sin la compañía de hombres y merodear las cercanías de lugares turísticos. En ocasiones, los del “Lacra” utilizan de señuelo supuestos extranjeros que abordan a las víctimas, entablan cualquier conversación con ellas y, acto seguido, agentes de civil las detienen por “asedio a turistas”.

Es frecuente que los oficiales negocien con las detenidas posibles soluciones para dejarlas en libertad. Las opciones consisten en propuestas sexuales o el pago de sumas de dinero, entre 100 y 150 dólares. A quienes se niegan a tener sexo bajo coacción o a pagar el soborno exigido, las instruyen de cargos o las obligan a firmar cartas de advertencias que representan pruebas incriminatorias a la hora de procesarlas.

Las recluidas en Villa Delicia son presentadas en los tribunales pocos días después del arresto y sometidas a procesos judiciales carentes de las debidas garantías. La Fiscalía basa sus condenas en informes relacionados con conducta social inadecuada de las encauzadas, elaborados por las “comisiones de prevención” (integradas por el jefe de sector de la policía y los factores de la comunidad).

Resulta difícil encontrar abogados con disposición de asumir el rol de la defensa en esas situaciones, pues como es conocido la acusación en los casos de “peligrosidad social” responde a una política represiva del gobierno dirigida a encarcelar en masas y no hay posibilidad de modificar la sentencia concebida con anterioridad a la celebración de la vista oral.

En la Habana existen dos Centros de Detención y Rehabilitación de Prostitutas, “Flor de Cuba”y “La Flora”, ubicados en la periferia de Guira de Melena y Alquizar respectivamente. Ambos albergan una población penal por encima de sus capacidades. Las precarias condiciones y el rigor disciplinario en esas cárceles adopta formas de trato cruel, inhumano y degradante.

Las reclusas son confinadas en barracas construidas con paredes de bloques y techos de fibras de asbesto cemento, que desprenden un frío intenso en el invierno y un calor excesivo durante el verano, provistas de turcos tipo letrinas como instalaciones sanitarias, y alambradas de púas en los perímetros. La alimentación que les brindan no satisface los requisitos mínimos para garantizar la conservación de la salud; la comida es escasa, mal elaborada y sin valor nutritivo, solo les aportan proteínas en dos ocasiones al mes.

Las obligan a realizar trabajos forzados, nocivos para la salud, en actividades agrícolas durante ocho horas diarias y sin remuneración económica. No disponen de programas recreativos para pasar el tiempo de ocio.

El contacto con el mundo exterior consiste en una visita familiar de tres horas quincenales, y la asignación de un pase de dos días al mes, condicionado al cumplimiento del férreo régimen establecido, así como a la acumulación de horas extras de trabajo voluntario. Además, no tienen autorizadas visitas conyugales y, por tanto, carecen de la posibilidad de algún tiempo de intimidad con sus parejas.

Los carceleros de ambos sexos acostumbran a provocarlas y ofenderlas constantemente y cuando protestan adoptan medidas de castigo que incluyen la suspensión del pase o la visita y hasta la perdida de beneficios como la libertad condicional.

En la actualidad el número de presas es alrededor de tres cientos en cada una de esas prisiones y conviven hacinadas por lo reducido del espacio. El agua disponible tiene muy mala calidad y genera frecuentes brotes de enfermedades como: cuadros diarreicos, infecciones vaginales, parasitismos, y dermatitis. También corren el riesgo de contraer otras enfermedades transmisibles por la pésima higiene y la proliferación de vectores en esos lugares.

El cuidado de la salud de las que enferman no está garantizado, en ese sentido, los puestos médicos de los penales carecen de equipos elementales y de medicamentos básicos para ofrecerles una asistencia médica adecuada.

Elia Vidal Pérez, de 34 años, es una de las jóvenes que cumplen prisión por el "delito" de peligrosidad social, separada de modo abrupto de su esposo y dos hijos menores de edad.

El día 22 de Enero de 2006, sobre las 8:00 de la noche, estaba en la parada de ómnibus de 23 y L, en el Vedado, cuando cuatro hombres con aspecto de extranjeros se le acercaron e hicieron algunas preguntas en inglés. Se marcharon y entonces aparecieron varios oficiales del Lacra, y la arrestaron por estar vestida con saya corta y conversar con "turistas".

En la unidad policial de Zapata y C la presionaron para que confesara que se dedicaba a la prostitución. Le prometieron que si colaboraba le darían la oportunidad de llamar a su casa y de ver a los niños. Como se negó la metieron en el calabozo y posteriormente la trasladaron a Villa Delicia.

La sancionaron a tres años de privación de libertad el 1 de Febrero, en el tribunal municipal de Playa. En el informe de la comisión de prevención presentado en su contra, se expuso que Vidal Pérez vive con lujos y riquezas, sus amistades son elementos antisociales, ha incurrido en escándalos y desórdenes públicos, y llega a su casa a altas horas de la noche.

Sin embargo, en verificación realizada con el presidente del comité de defensa de la revolución (CDR) y otros factores de su localidad, aseguran que la Sra. Pérez es una persona honrada y respetuosa con los vecinos, la familia vive de modo humilde por los escasos recursos conque cuentan, la casa está inhabitable por el marcado deterioro, y los únicos bienes que posee son un bombillo, tres sillas de hierro y una cama inventada, no tienen siquiera refrigerador o televisor.

Otras veinte y seis mujeres fueron procesadas ese día en el tribunal de Playa, diez y ocho resultaron sancionadas a privación de libertad y a varias de las restantes las condenaron a prisión domiciliaria.

Yosdalia Ramírez fue una de las pocas absueltas. Los del Lacra la arrestaron a la salida del Castillo de Farnet, en la Habana Vieja, donde había estado tomándose un refresco. La recluyeron en Villa Delicia por dos semanas sin tomar en consideración su niña pequeña de meses y que está casada desde hace un año con Jonathan, ciudadano inglés que, como es lógico, le da los dólares para que pueda acceder a los lugares de consumo en moneda convertible.

El miedo domina la vida de gran cantidad de mujeres en la Capital Habanera y otras provincias del país, incluso algunas se cohíben de salir de sus hogares para no ser arrestadas sin motivos. Mientras, se rumora que obreros de la construcción tienen la tarea de trabajar arduamente para entregar, a lo máximo en tres meses, una nueva prisión en el poblado de Calderón, carretera de Alquizar, con capacidad para miles de encauzadas por peligrosidad.