Estas comunidades, verdaderos
campos de concentración para sus constructores, fueron creadas
por las autoridades cubanas con la finalidad de mantener bajo control
y lejos de sus provincias de origen a los miles de campesinos colaboradores
del movimiento armado guerrillero que surgió entre los años
1960-65, en el macizo montañoso del Escambray, en la antigua
provincia Las Villas. El destierro de estas personas y sus familiares
comenzó en 1970 y no se detuvo hasta 1985 con el traslado
del último núcleo campesino que vivió en aquella
región central del país.
Fredesvinda Hernández
Méndez (Fredes), natural de Los Quemados, municipio de
Manicaragua, fue una de las víctimas de los pueblos cautivos,
no sólo por su religión -es Testigo de Jehová-
sino por haberse casado con el hijo de un colaborador de los insurgentes
en aquellas zona montañosa. Su suegro, Heriberto Hernández
Quesada, poseía una finca cafetalera ubicada en las estribaciones
de la sierra, en Güinía de Miranda.
"A mi suegro -señala
Fredes- la policía política del gobierno (el DSE
ó G-2) lo tenía clasificado como colaborador de
la guerrilla que operó en la localidad entre los años
1960-63. Les brindaba alimentos y les permitía dormir en
sus tierras. Otro tanto había hecho con las tropas de Castro.
En varias ocasiones fue detenido por el DSE, sometido a interrogatorio
y acusado de enemigo de la revolución".
Seis años después
de haberse liquidado el último foco guerrillero, el 15
de diciembre de 1971, la policía política citó
a Heriberto junto a cientos de campesinos que, como él,
habían apoyado a los grupos armados opuestos al régimen.
La intención del gobierno era limpiar los alrededores del
lomerío central del país de elementos que en el
futuro pudiesen apoyar otra acción armada contra el régimen
de Fidel Castro.
"De manera que
vecinos de Trinidad, Fomento, Güinía, La Moza, Manicaragua,
Cumanayagua, Barajagua, El Nicho y Jibacoa -nos dice Fredes- se
vieron envueltos en la operación de limpieza donde ellos
eran como la basura que debía eliminarse. Entre los citados
se encontraban algunos ex guerrilleros que nunca fueron identificados
como tales. Los oficiales se reunieron con ellos en el estadio
deportivo de Ciudad Santa Clara. El discurso fue breve y directo:
'Los vamos a trasladar hacia otras provincias por ser ustedes
personas desafectas a la revolución. Todos apoyaron la
contrarrevolución en el Escambray, ustedes no merecen ni
el aire que respiran.
Jamás podrán
regresar a la provincia. Lo que ustedes van a sufrir a partir
de este momento, lo sufrirán sus hijos y nietos, los hijos
de sus nietos...' De inmediato, los montaron en un tren cuyos
vagones habían sido convertidos en pequeñas prisiones
móviles y bajo fuerte custodia militar hacia sus nuevo
destino: los pueblos cautivos que construirían, en su calidad
de desterrados y prisioneros. Obligados estarían a trabajar
entre diez y doce horas diarias, sin tener las menores condiciones
de vida, pobre alimentación, malos tratos de los guardias,
castigos, golpes, falta de atención médica, ningún
contacto con la familia".
El viaje -según
recuerda Fredes- duró 36 horas, no comieron nada durante
el trayecto. Unos llegaron a la localidad de lo que sería
el futuro pueblo cautivo Sandino, en el municipio de igual nombre;
otros para Briones Montoto, en el municipio Pinar del Río;
un tercer grupo pasó para Ramón López Peña,
en el municipío San Cristóbal, todos en la más
occidental del país. A los demás los enviaron para
Miraflores, en la provincia Camagüey. Los viajes se sucedieron
unos tras otros hasta que no quedó ni un campesino sin
ser desplazado de su lugar de origen.
Los familiares se enterarían
de estos hechos meses después de ocurridos, aunque comenzaron
a padecer sus efectos desde el primer momento. Al respecto, Fredes
expresó: "Al cabo de dos o tres meses supimos oficialmente
de mi suegro, pero al día siguiente del traslado vinieron
funcionarios del gobierno a las demás fincas implicadas
y nos expropiaron todos los bienes: tierras, equipos, cosechas,
animales, cuentas bancarias. A muchos los expulsaron de sus casas
sin importarles qué sería de ellos a partir de ese
momento. La mayoría de estas familias fueron recogidas
por amigos o familiares. La mía tuvo suerte. La dejaron
en la vivienda. El Estado cubano nunca se ocupó de las
mujeres, niños y ancianos que desalojaron. No se domina
la cifra exacta de las familias que fuimos arrastradas a esta
vorágine de intolerancia gubernamental. En realidad, no
se publicaron las cifras oficiales pero se calcula entre 2,500
y tres mil los campesinos que fueron desterrados y llevados para
estos cuatro pueblos cautivos. De manera que las víctimas
totales de este holocausto pudiera ascender a diez mil cubanos,
en cifras redondas".
Los desterrados demoraron
un promedio de dos años y medio en construir las primeras
viviendas. A partir de 1973 comenzaron las mudadas de las primeras
familias. Los últimos lo harían en 1985. Los pormenores
de estos movimientos serán temas a tratar en la segunda
parte de este artículo.
A Fredesvinda, conocida
por Fredes, le correspondió su traslado en enero de 1977.
Ella no pudo concebir en aquel momento las penurias que tendría
que soportar y los obstáculos que debería superar,
no sólo ella sino también su hija menor que le acompañó
en esta nueva aventura impuesta por el régimen de Castro.
El destierro organizado
por las autoridades cubanas de los campesinos del Escambray, que
entre los años 1960-65 apoyaron a los grupos insurgentes
anticastristas, también lo sufrieron sus familiares debido
a la intolerancia característica de este régimen
totalitario.
Fredesvinda Hernández
Méndez (Fredes) nos refiere sus recuerdos y sufrimientos
de aquellos días que tantas veces ha querido olvidar, y
no lo logra.
El traslado hacia los
nuevos pueblos cautivos de los familiares que componían
el núcleo de los desterrados, obedeció a una selección
hecha por el gobierno de Castro, que llevó a cabo su policía
política (DSE o G-2).
Al respecto, Fredes
señala: "Una mañana se presentaban a la puerta
de tu casa varios militares, y sin preámbulo te decían
que ya teníamos otra vivienda asignada en tal lugar, que
el día de salida era más cuál y que debíamos
presentarnos es esa dirección. Agregaban que no teníamos
que llevar nada porque los inmuebles estaban amueblados, pero
esto era mentira pues los apartamentos se encontraban vacíos
y los oficiales lo sabían. Algunas familias le dieron crédito
y al llegar a su destino se percataron del error. Mi familia no
creyó en ellos y llevamos las pertenencias".
Sin aún haber
dejado los parientes sus antiguos domicilios, los inmuebles eran
ocupados por personas identificadas con el gobierno, quienes disponían
de todo lo que encontraran en su interior en usufructo gratuito.
Sobre este aspecto,
Fredes recuerda: "Los que fuimos desterrados tuvimos que
pagar alquiler por los nuevos apartamentos que durante dos años
y más construyeron nuestros jefes de núcleo en condiciones
infrahumanas, a pesar de que las propiedades que nos habían
sido confiscadas, sin remuneración, poseían un valor
varias veces superior al costo de las viviendas asignadas en lugares
tan apartados".
A Fredes le tocó
mudarse el 21 de enero de 1977 para el pueblo cautivo Ramón
López Peña, en el municipio San Cristóbal
de la provincia Pinar del Río. "Para mí el
traslado fue muy duro", recuerda. "Tenía 20 años
de edad, una niña de dos años y estaba embarazada
de la segunda. Mi esposo no me pudo acompañar en el viaje
porque su hermana (diabética, sorda y afectada por la poliomielitis
desde pequeña) había sufrido una herida en el pie,
se le complicó con gangrena y hubo que amputárselo.
Estaba hospitalizada en estado grave. Mi marido se quedó
apoyando a su mamá. En resumen, el movimiento lo realizamos
mi cuñado, la niña y yo".
"La primera etapa
-precisa Fredes- fue en camiones desde Güinía de Miranda
hasta los llanos de Jibacoa, en el Escambray. Otras familias salieron
de los diferentes municipios. Los locales donde nos albergaron
no tenían condiciones para albergar personas mayores con
niños. Hombres y mujeres juntos, sin privacidad, literas
estrechas, de tablas, muchas sin colchonetas. Mi hijita y yo no
cabíamos juntas en una de ellas. Yo no pude dormir esa
noche por temor a que se cayera la niña. Los guardias le
dieron leche a los pequeños y algo de comer a los adultos.
Al otro día, de nuevo los camiones hasta Manicaragua. Fuimos
a parar a El Ranchón. Las condiciones allí empeoraron.
No había dónde acostarse. Nos dejaron sin comer.
Tampoco le dieron leche a los menores. Al oscurecer, otra vez
los camiones hasta Santa Clara. En esta ciudad pasamos la noche
sin dormir, comidos por los mosquitos, con mucho frío y
golpeados por lloviznas intermitentes. Nos tiraron en unos solares
próximos a la estación del ferrocarril. No hubo
ningún tipo de consideración, a pesar de que el
grueso éramos mujeres, ancianos y niños. La mayoría
de nuestros hombres desde 1971-72 estaban presos en diferentes
regiones de la provincia pinareña.
Fredes, con la angustia
reflejada en su rostro por los recuerdos, continúa la historia:
"Al día siguiente nos montaron en el tren. El mismo
que años antes había llevado a nuestros padres,
esposos y hermanos. Eran las pequeñas cárceles móviles
y el mismo rigor. Nos acompañaban ocho guardias armados
en cada vagón, con fusiles y bayonetas. Cualquier movimiento
debía ser autorizado por ellos. Nuestros hijos lloraban
asustados y por el hambre. ¡Al fin les dieron leche y compota!
A los adultos naranjas. Ellos (los militares) sabían que
llevábamos 48 horas casi sin comer; el viaje en tren duró
otras 35 horas. A nadie le dieron alimentos sólidos. ¡Ni
siquiera a las mujeres embarazadas ni a los menores!"
En ese tren iban personas
para los pueblos cautivos López Peña, Briones Montoto
y Sandino. "En la medida en que llegábamos al final
del trayecto, el convoy dejaba los coches y continuaba su viaje
hasta la próxima parada y así, hasta llegar a la
última".
La mujer agrega: "El
traslado de las pertenencias fue otra odisea. No sabíamos
por qué vía venían. Después nos enteramos
que los habían mandado por un tren de carga. Teníamos
que seleccionar cuáles eran las nuestras en aquella locura
de cachibaches. Ningún guardia nos ayudó en la operación.
Algunos expresaron que ése no era su problema. Fuimos las
mujeres, los ancianos, los niños y los pocos hombres que
nos acompañaban, ayudados por los desterrados que acudieron
a recibirnos, quienes movimos las cosas en carretas tiradas por
bueyes a través de caminos irregulares. Los muebles se
desajustaron, los cristales se rompieron, las ropas se llenaron
de polvo o se ensuciaron al caer en el fango y en la tierra".
Desplazamientos como
éste se contaron por docenas hasta mediados de 1985 en
que se realizó el último. Fredes fuerza su memoria
y nos dice: "Las personas que fuimos trasladadas de esta
manera sumamos docenas de miles. En López Peña sólo,
hay una población actual de aproximadamente diez mil personas
entre colaboradores de los grupos insurgentes en el macizo de
Trinidad, sospechosos de colaborar y familiares de éstos,
además de unos cuantos núcleos de familias que constituyen
la red de informantes permanentes del gobierno que siguen nuestros
pasos. Los otros tres pueblos cautivos deben tener poblaciones
y status similares".
"Cuando llegamos
al lugar -concluye Fredes- nos dimos cuenta de que sólo
existían los edificios de viviendas. No había calles
pavimentadas, ni aceras, ni áreas verdes, ni parques, ni
círculos infantiles (guarderías), ni escuelas para
nuestros hijos, ni centros de recreación. Apenas una tienda
de comestibles, otra de ropa, una placita de viandas y hortalizas,
la barbería-peluquería y la posta médica.
Las autoridades consideraban que era suficiente para atender a
diez mil personas. Con el paso de los años habilitaron
tres casitas como escuelas primarias. Más tarde, al darle
casa a los últimos presos, convirtieron el albergue donde
vivían en escuela primaria. Los adolescentes que asistían
a la secundaria básica debían dirigirse hasta el
pueblo de San Cristóbal, ubicado a ocho o diez kilómetros
de distancia, la mayoría de las veces a pie, por no tener
transporte en el cual trasladarse".
Cuando Fredesvinda
Hernández Méndez llegó a López Peña
ya había allí unas 300 familias. Hoy esa cifra se
eleva a 2,500 núcleos. Con el tiempo transcurrido pensó
que su situación iría mejorando y que los odios
de las partes en conflicto quedarían en el pasado, pero
la frase que los oficiales castristas le dijeron a su suegro y
demás presos políticos desterrados cuando los concentraron
en la ciudad de Santa Clara, el 15 de diciembre de 1971, no fue
dicha para que se olvidara. En realidad formaba y forma parte
del tratamiento sociopolítico y económico que el
gobierno de Fidel Castro le tiene reservado a todo aquél
que, de alguna manera, se le opone.
Articulo del sitio Web El Veras
dePuerto Rico
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