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La psiquiatría cubana ocupa un sitial de honor entre los
organismos represores de los derechos humanos del orbe. Su prontuario
es apabullante por su bestialidad sin paliativos. Al acceder fungir
como mera polea de la maquinaria del terrorismo de Estado castrista,
la psiquiatría cubana ha renunciado lastimosamente a su
condición de ciencia biológica y del espíritu,
remitiéndonos a los experimentos humanos (incluyendo vivisección)
practicados por los nazis en los campos de exterminio de Dachau,
Buchenwald, Auschwitz.
La extinta Unión
Soviética maximizó el abuso psiquiátrico
sistemático, incluso se sacaron de la manga una ridícula
categoría diagnóstica: esquizofrenia retardada.
La categoría de marras fue creada ad hoc para serle aplicada
a los desafectos al estado totalitario comunista. Los cubanos
han ido más allá al utilizar con soltura tres métodos
pertenecientes al arsenal de la psiquiatría científica:
electrochoques, químicos y medicamentos psicotrópicos.
En enero de 1979 el
gobierno cubano puso en vigencia un Código Criminal en
el que tipifica innumerables actividades políticas como
crímenes comunes. Al quedar clasificados los actos políticos
como actividades criminales comunes disminuye de manera automática,
hasta desaparecer, la cifra de prisioneros políticos en
Cuba. El inefable Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé,
director del Hospital Psiquiátrico de La Habana, afirmaba
con desfachatez no hace demasiado tiempo: “No disponemos
de información acerca de la utilización de la psiquiatría
para otros propósitos que no sea el bienestar de los mentalmente
enfermos. No se puede hablar de prisioneros políticos porque
no existen prisioneros políticos en nuestro país.
Nuestros prisioneros son terroristas”.
Se trata de una maniobra
tan cínica como artificiosa. La criminología cubana
asevera que el capitalismo es el origen de la conducta criminal.
El socialismo erradicaría el basamento de la conducta criminal
(¿cómo explicarían los teóricos marxistas
el hecho escueto que después de décadas de revolución
y educación para el hombre nuevo, con el menor resquicio
como sucedió en el caso Mariel, decenas de miles de cubanos
abandonaran la isla paradisíaca? Entre esa masa humana
se confundían miles de sociópatas y delincuentes
de alta peligrosidad. ¿Dónde están las virtudes
de la educación socialista?).
En teoría no
pueden existir criminales en la utopía comunista (a la
que nuestros izquierdistas locales persisten en adscribirse hábilmente
agazapados en organizaciones-pantalla; de hecho controlan la mayoría
de los medios autoproclamándose sociedad civil. Y los que
no pertenecemos a su sociedad civil, ¿qué somos?
En caso de que apareciera un caso esporádico se recurre
a la re-educación.
Para aplacar la disidencia
se recurre a un retorcido expediente: son agentes de una potencia
extranjera o son enfermos mentales. Los disidentes pasan de facto
por una detención secreta a perpetuidad y sin mediar acusación
previa. La seguridad del Estado está facultada para emitir
diagnósticos psiquiátricos: el psiquiatra se convierte
en esbirro, el esbirro en psiquiatra. La psiquiatría (especialidad
nobilísima) pasa así a ponerse al servicio de una
perversa ideología totalitaria: La comunista.
No es inusual que un
desafecto político cuerdo sin antecedentes de enfermedades
mentales sea remitido a una de las inenarrables “salas forenses”
de nosocomios reservados para criminales desquiciados de alta
peligrosidad (pervertidos sexuales, vesánicos, sociópatas).
El objetivo es evidente: desmoralizar, intimidar, fracturar voluntades.
El itinerario usual
del objetor es el que sigue: puede ser internado en las “salas
forenses” Carbó-Serviá o Castellanos del Hospital
Psiquiátrico de La Habana (popularmente conocido como Mazorra).
Por supuesto existen otros destinos. Mencionemos el Hospital Gustavo
Machín en Santiago de Cuba o el amedrentador Hospital Nacional
de Reclusos del Combinado del Este en La Habana.
Las mismas autoridades
sanitarias cubanas aceptan con indecible cinismo este estado de
cosas. Un estudio sobre las “infracciones disciplinarias”
en la “sala forense” de mujeres Córdova del Hospital
Psiquiátrico de La Habana (aparecido en la propia revista
de dicho nosocomio en 1984), informa sin ningún rubor (incluso
con alborozo) que 4.6 por ciento de las reclusas habían
sido sentenciadas por crímenes contra la seguridad del
Estado o contra el orden público. El mismo estudio menciona
con candor al Departamento de Seguridad del Estado como “proveedor”
de reclusos al nosocomio habanero.
La indiferencia criminal
de la psiquiatría cubana en afinar diagnósticos
aplicables a los insumisos se explica en la motivación
última de la represión psiquiátrica: castigar
y torturar. Cualquier diagnóstico resultaría enojoso
y superfluo. La terapia electro convulsiva (electroshocks) está
indicada para escasas dolencias mentales (depresión severa,
esquizofrenia catatónica). Se administra en ambiente hospitalario
por un psiquiatra asistido por un anestesiólogo bien entrenado.
Las autoridades cubanas piensan de manera diferente: la terapia
electro convulsiva se aplica alegremente en las “salas forenses”
para castigar a los insumisos y persuadirlos a que reconsideren
sus actividades. Los compañeros de disidencia y familiares
son obligados a presenciar el espectáculo. Existe evidencia
sobre “pacientes” que han recibido hasta 24 tandas de
electrochoques (Jesús Leyva Guerra, dirigente sindical
y activista de derechos humanos recibió las 24 tandas de
rigor. En 1981 la doctora Carmen Betancourt le diagnosticó
esquizofrenia paranoide. En 1983 otro esbirro de bata blanca (Dr.
Enrique Font) le endilgó el mismo diagnóstico. En
1985 otro esbirro de bata blanca, el Dr. José Pérez
Milán, insistió en el diagnóstico. En 1986
el Dr. Orlando Lamar-Vicens prescribió electrochoques y
psicofármacos. En 1988 fue a parar de nuevo a las manos
del compasivo Lamar-Vicens. El galeno recetó 12 tandas
de electrochoques. En octubre de 1989 Leyva logró abandonar
Cuba. Vive actualmente en La Florida). Nunca se les ofreció
a los insumisos la opción de rechazar el “tratamiento”
(consentimiento informado).
Los psicofármacos,
de preferencia la cloropromazina (un antipsicótico sedante)
son utilizados con envidiable liberalidad. No se tiene en cuenta
la larga lista de efectos colaterales adversos, en particular
los llamados “extrapiramidales”, causados por la acción
del químico en la zona del cerebro responsable del movimiento,
la locomoción y la coordinación. Los insumisos son
obligados a deglutir las tabletas. Los que se niegan son sometidos
a severas golpizas. Siempre queda el curso de mezclar el fármaco
con los alimentos.
Para la comunidad psiquiátrica
internacional los pacientes con dolencias mentales poseen los
siguientes derechos:
1) Derecho al tratamiento individual;
2) Derecho a la oportunidad de ser curado (o aliviado) en un período
de tiempo razonable; 3) Derecho a un ambiente físico y
psicológico de carácter humano y con higiene decorosa;
4) Derecho de rehusar tratamientos;
5) Derecho a no ser utilizado en tratamientos experimentales sin
consentimiento previo;
6) Derecho a ser tratado y cuidado por personal capacitado;
7) Derecho a ser ingresado de manera que se garantice la seguridad
y la vida del paciente y las personas de su entorno.
No deja de ser una
sangrante ironía que Cuba sea signataria de la Convención
Internacional contra la tortura y otros tratamientos y castigos
crueles, inhumanos o degradantes, firmada en La Habana el 27 de
enero de 1986.
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