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La situación de los derechos humanos en Cuba se deteriora
alarmantemente. Si bien esto no es tema en absoluto novedoso,
los actos de repudio, intimidaciones, encarcelamientos arbitrarios,
amenazas, acosos y vejaciones a todo opositor pacífico
se han agudizado en los últimos meses.
Estos hechos son contrarios
a todo Estado de Derecho. Las Brigadas de Respuesta Rápida,
grupos paramilitares que actúan en Cuba con total impunidad
y respaldados por el poder gubernamental en la isla ha acrecentado
sus impúdicos ataques contra sindicalistas y periodistas
independientes, defensores de derechos humanos y miembros de la
sociedad civil. Todos ellos no son sino pacíficos opositores
que ejercen su derecho a expresarse, reunirse y opinar, aún
cuando dicho derecho está prohibido en Cuba, lo que ya
es un hecho reconocido internacionalmente y que viene acaparando
la atención de los países libres y democráticos.
Los actos de repudio,
práctica habitual en Cuba, suponen el ataque de vecinos,
entre los que se incluyen niños en edad escolar acompañados
por sus maestros, a disidentes y opositores. Dichos ataques, que
van acompañados de insultos, abucheos, ruidos ensordecedores
con cualquier elemento apto para ello, palos, piedras, golpes...
y que pueden llegar a alcanzar elevadísimos niveles de
violencia, son perpetrados con el amparo de la Policía
Nacional Revolucionaria (PNR) y agentes de la Seguridad del Estado.
El gobierno los considera "actos y manifestaciones espontáneas
de la población revolucionaria"
Presos de conciencia
en huelga de hambre (como es el caso de Juan Carlos Herrera Acosta,
condenado a 20 años de reclusión en la Primavera
Negra, reconocido por Amnistía Internacional como preso
de conciencia y en huelga de hambre desde el 8 de junio para denunciar
las condiciones carcelarias de la prisión en la que se
encuentra recluido, la de máxima seguridad Kilo 8 de Camagüey),
maltratos carcelarios tanto físicos como psicológicos
e inhumanos (como el de Omar Barbier Neira, que padece una fuerte
infección en las piernas sin recibir tratamiento adecuado
o el de Abel López Pérez detenido mientras visitaba
Cuba y que a pesar de que padece una insuficiencia renal crónica
y cardiopatía hipertensiva se le deniega la licencia extrapenal).
Condiciones vejatorias que atentan directamente contra los Acuerdos
Internacionales en materia de trato a presos. Acuerdos que, por
otra parte, no han sido ratificados por el poder cubano.
Sindicalistas que son
detenidos por horas y amenazados con treinta años de presidio
si no cesan en su labor sindical, informativa y defensora de los
derechos laborales de la población trabajadora, la cual
carece del derecho a sindicación fuera del único
sindicato reconocido, brazo del poder gubernamental, como el caso
de Aurelio Bachiller Álvarez, Secretario General del sindicato
independiente CONIC.
Defensores de derechos
humanos acosados y víctimas de actos de repudio por denunciar
las sistemáticas violaciones en esta materia que se cometen
contra los ciudadanos cubanos como los efectuados contra el presidente
de la Fundación de Derechos Humanos Cubana (FDC), Juan
Carlos González Leiva, invidente, en un intento de impedir
la asistencia de activistas de dicha organización al juicio
contra Yoandry Quintana Servia -discapacitado auditivo- quien
hace un año fundó una asociación independiente
de discapacitados. O los de Miguel Valdés Tamayo, presidente
del Grupo Hermanos Fraternales por la Dignidad y miembro de la
Asamblea para Promover la Sociedad Civil. Estos dos últimos
casos denunciados por Amnistía Internacional el pasado
ocho de noviembre. La lista sería interminable.
Todo suponen vías
legitimadas en Cuba para acallar y anular al disidente y preservar
la falta de libertad de asociación, reunión y expresión
característicos del régimen cubano mientras se utilizan
como elementos disuasorios para el resto de la población.
Hechos que suponen una forma de terrorismo de Estado contra los
ciudadanos cubanos indefensos en un país donde no existe
la independencia entre los poderes judicial, legislativo y ejecutivo,
pilares básicos de todo Estado de Derecho. En Cuba los
tres poderes son uno sólo, controlado por un gobernante
que es, a la vez, Jefe de Estado entronizado en el poder desde
hace casi cincuenta años.
La sociedad civil muy
debilitada y sin cauces posibles de participación en la
toma de decisiones ha visto negados sus derechos y perseguidos
su ejercicio, siendo acallados de forma violenta por los distintos
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad y el ejército,
cuya misión no es estar al servicio de la ciudadanos sino
al del poder y grupos paramilitares que refuerzan la acción
de los anteriores sin que exista o se reconozca posibilidad alguna
de recurso, protesta o denuncia.
Koffi Annan sostiene
que entre los índices para medir el grado de desarrollo
humano de las sociedades no basta con asegurar la atención
a la salud pública o la escolarización de los niños
y jóvenes. Es necesario además y fundamentalmente
asegurar el respeto y el reconocimiento de los derechos civiles,
sindicales y políticos. El desarrollo humano y el bienestar
de las sociedades son conceptos mucho más amplios que la
educación y la salud.
Los gobiernos no pueden
convertirse en Estados-padres planificadores y detentadores de
un poder absoluto y omnímodo y acumular o absorber el mando
mientras trata a los ciudadanos como seres menores de edad incapaces
de saber lo que quieren. Los gobiernos han de ser, por el contrario,
la expresión máxima de la delegación del
poder que sólo recae en los ciudadanos y quienes deben
poder exigir responsabilidades y transparencia en la gestión.
No son los gobiernos los que deben controlar a los ciudadanos,
son éstos los que deben controlar la acción de los
gobiernos, es la sociedad civil plural, las asociaciones, los
partidos políticos, los sindicatos, los medios de comunicación
libres e independientes, los parlamentarios que puedan expresar
la voz y la voluntad de aquellos a los que representan, los que
deben controlar a los gobiernos.
Bajo muchos problemas
de subdesarrollo o economías fracasadas subyacen fracasos
de gobernabilidad. Cualquier gobierno dictatorial o populista
da paso a la extensión de la corrupción, a la ineficacia
en el funcionamiento de los servicios públicos y fundamentalmente,
a la insatisfacción y el descontento de los ciudadanos
que son tratados como seres de segunda categoría a los
que se niega el derecho a participar. Consecuente y paralelamente,
es imposible generar interés alguno por hacer que el país
avance en estas sociedades. La democracia es la única defensa
frente a las dictaduras, las tiranías o los gobiernos populistas
y el único sistema capaz de garantizar la estabilidad,
la paz y la justicia y el desarrollo humano.
La participación,
el reconocimiento de los derechos inalienables e iguales para
todos los seres humanos, la capacidad y el derecho - y también
el deber- de expresar distintas opiniones o plantear distintos
puntos de vista y modelos sociales y la posibilidad de asociarse
y reunirse para sacar adelante proyectos comunes que puedan contrastarse
en debates públicos y ser refrendados en procesos de elecciones
libres, democráticas y controladas por el conjunto de los
ciudadanos son la única garantía para asegurar la
justicia y la efectividad. Una sociedad con miedo y perseguida,
a la que se niega la voz y el voto, nunca será una sociedad
progresista. La libertad es un sagrado principio que no puede
ser secuestrado.
Por ello, la comunidad
internacional debería interceder firme y decididamente
ante el gobierno cubano a fin de que cese la persecución
contra sus ciudadanos y reconozca las libertades y derechos políticos
y civiles que deberían ser inviolables para todo ser humano
por el mero hecho de serlo, y que constituyen la única
posibilidad de vivir con dignidad. La libertad política
y la participación ciudadana capaz de exigir responsabilidades
al poder y evitar o controlar la corrupción son las únicas
herramientas capaces de garantizar la primacía de la ley
y la justicia. Y son, igualmente, principios fundamentales para
una existencia humana digna. El concepto de gobierno para el pueblo
debe verse modificado por el de gobierno por el pueblo. Libertad,
dignidad y desarrollo humano van indisolublemente unidos. Y para
Cuba ya ha llegado también la hora.
Luz Modroño
Noviembre, 2006
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