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¿SABÍA USTED QUE EN CUBA EL SALARIO MEDIO DE LOS
TRABAJADORES ES DE 10 EUROS Y QUE EL GOBIERNO RETIENE HASTA EL
98%DE SUS SALARIOS? EL GRUPO INTERNACIONAL POR LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA DEFIENDE A LOS TRABAJADORES CUBANOS.
Cuba es hoy un país con una economía maltrecha y
desestabilizada donde los derechos laborales de los trabajadores
son sistemáticamente ignorados así como son incumplidos
los acuerdos internacionales refrendados con organizaciones como
la Organización Internacional del Trabajo. A modo de ejemplo
baste citar las consecuencias que para los trabajadores cubanos
tiene la existencia de una doble moneda: el peso cubano desvalorizado
hasta niveles que suponen cuatro veces menos que el peso convertible
o "divisa" cuyo valor tiene equivalencia con el euro
y que es la única moneda que circula fuera de las tiendas
específicamente cubanas. Es necesario señalar que
éstas son establecimientos desabastecidos, alarmantemente
escasos y con una absoluta falta de higiene, como cualquier turista
o viajero, con un mínimo interés por ello puede
comprobar. Los sueldos medios no sobrepasan los 225 pesos cubanos,
que a cambio suponen 10 euros, esto es por debajo del nivel de
la pobreza. En un país donde los precios son equiparables
a los europeos, esta situación engendra un tan alto nivel
de corrupción que no hay cubano que no se dedique a la
extorsión o el pillaje. El gobierno, obviamente, es conocedor
de esta situación pero hace la "vista gorda"
y aunque existen regulaciones contra ello, sólo son ejercidas
como medida de presión o, aleatoriamente, recaen sobre
los trabajadores menos afectos al régimen. Los cubanos
aseguran que, ante las penas de cuatro años que pueden
recaer sobre ellos, es prefireble ésto a vivir en las condiciones
a las que su gobierno les condena.
En el sector turístico,
uno de los sectores con mayor peso en la economía cubana
y que absorve el mayor porcentaje de trabajadores, éstos
son contratados no directamente por las empresas inversoras sino
por otras mediadoras dependientes del gobierno y que, a su vez,
son las que pagan a dichos trabajadores reteniéndoles hasta
un 98% de los salarios. Lo que suponen nuevas violaciones internacionales
que Castro impone y que las empresas inversoras acatan. Todo esto
sin citar la prohibición de derechos elementales como el
de asociación, reunión o sindicación libre
o el derecho a la negociación colectiva o la huelga o,
las altas penas de prisión a que son condenados los sindicalistas
independientes. Contínas y sistemáticas denuncias
de organizaciones internacionales sindicales como la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres no han parado
de producirse.
Dicha situación,
muy previsiblemente, cambiará en un futuro próximo
haciéndose necesario tanto el reconocimiento de los derechos
inalienables de los trabajadores como una clara apuesta por la
modernización industrial y económica del país.
Modernización que deberá asumir los altos costes
sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos
humanos que a lo largo de estos años han ido produciéndose
y que exigirá el trabajo coordinado entre las administraciones
públicas, las empresas y las organizaciones que, como el
Grupo por la Responsabilidad Corporativa en Cuba, sean mediadoras
en los procesos de desarrollo.
El Grupo Internacional
por la Responsabilidad Social Corporativa (GIRSCC) nacido en abril
del pasado año, es una organización integrada por
treinta y cinco organizaciones no gubernamentales y sindicatos
independientes de Europa, América Latina y EEUU y que representa
fuera de Cuba los intereses de los trabajadores cubanos. Igualmente,
es hoy la única organización de estas características
cuyos objetivos se centran en la implantación de la Responsabilidad
Social Corporativa en Cuba partiendo del convencimiento de la
necesidad de articular estrategias de diálogo y responsabilidad
social con las empresas inversoras actuales y las que en un futuro
puedan implantarse. Dicha organización ha venido trabajando
desde su constitución en una doble vertiente, por un lado,
la denuncia sistemática de las violaciones de Acuerdos
Internacionales en materia laboral refrendados por el gobierno
cubano y, por otra, la defensa de los trabajadores cubanos, cuyos
derechos son ignorados, y la mediación con las empresas
inversoras en Cuba.
España es uno
de los países con mayor inversión extranjera en
la isla. Sin embargo, la actual legislación cubana ampara
el ejercicio de prácticas poco éticas y contrarias
a los principios de responsabilidad social que dañan sobremanera
tanto los intereses de los trabajadores como la propia reputación
empresarial y que, sin duda, se traducirá en elevados costes
para la imagen y el prestigio de dichas empresas, claves, en un
próximo futuro, para la obtención de ventajas competitivas.
El GIRSCC cuenta entre
sus objetivos colaborar con el desarrollo de una legislación
que contemple los principios de la responsabilidad social a partir
de un diálogo abierto y constructivo entre empresas, sociedad
y poderes públicos. Conscientes de la necesidad de aunar
esfuerzos y aprovechar sinergias en aras a la implantación
de un desarrollo sostenible en Cuba en el que los intereses de
los trabajadores y los empresariales no entren en conflicto, considera
prioritario conocer y analizar con el máximo rigor el comportamiento
social y medioambiental de las empresas estableciendo alianzas
entre éstas, las organizaciones civiles y los líderes
comunitarios, a partir de la sensibilización empresarial,
el respeto a los derechos humanos, sociales, económicos
y culturales de la población y la comunicación entre
los distintos agentes.
En este contexto,
el GIRSCC estima que la responsabilidad y la transparencia son
claves en el diálogo entre organizaciones no gubernamentales,
trabajadores, empresas y líderes comunitarios a fin de
crear las condiciones propicias para el desarrollo de las actividades
económicas en la isla y sentar las bases para futuras inversiones.
Así, se hace necesario emprender estudios sobre como incorporar
los principios de la RSC entre ellos los establecidos en el documento
sobre el Impacto Global de las Naciones Unidas y su Código
de Conducta, las Orientaciones sobre Empresas Multinacionales
de la OCDE, la Declaración Tripartita sobre Empresas Multinacionales
de la OIT, así como las diversas regulaciones de organizaciones
de empleadores en la práctica empresarial tanto como en
la futura legislación, que a no dudar, ha de desarrollarse
en Cuba.
En los últimos
diez años, las ONGs han evolucionado significativamente
y hoy, en los países desarrollados y democráticos,
cumplen un importante papel no sólo en la defensa de los
derechos humanos, de ayuda humanitaria o medioambientales, campos
de trabajo tradicionales, sino en la presión hacia las
propias empresas a fin de que respondan a las exigencias que los
derechos económicos, sociales y culturales implican. El
incremento de su credibilidad y visibilidad han logrado un gran
apoyo social lo que redunda, sin duda, en una mayor capacidad
de actuación y mejores resultados en su gestión
y si, hasta hace poco la empresa era considerada como potencial
vía de financiación de sus proyectos, actualmente
son las propias empresas las detinatarias de sus campañas
para combatir la explotación laboral, la discriminación
o la falta de control medioambiental, y hacer cumplir los requisitos
internacionalmente reconocidos para una práctica ética
de su labor. La actual legislación cubana ha colocado a
las empresas inversoras en Cuba en el centro de los objetivos
del GIRSCC por cuanto la actuación de dichas empresas puede
ser altamente lesivas para los intereses de una población
indefensa y víctima de prácticas abusivas
El peso de las propias
empresas inversoras en Cuba, especialmente en el campo turístico,
derivado del volumen de sus propias inversiones, es tal que no
es posible ignorar la influencia que podrían tener en la
propia administración cubana. No es justificable escudarse
en que las leyes castristas impiden otro tipo de practicas, las
empresas inversoras deben asumir su papel ético y adoptar
una política seria de responsabilidad social corporativa
que respete los derechos laborales fundamentales y los estándares
éticos y medioambientales aceptados en el ámbito
internacional aunque éstos no estén jurídicamente
reconocidos en la legislación cubana. Lo contrario es hacerse
cómplice de la explotación laboral o la negación
de los derechos que recaen sobre los trabajadores cubanos. No
se trata sólo de consideraciones éticas, se trata
también de contribuir a la mejora de las condiciones de
vida de los ciudadanos y de la mejora de sus propias posibilidades
competitivas, redundando en una mejora de la percepción
social hacia la marca de trabajadores, clientes y accionistas
y, por consiguiente, en el incremento de sus potencialidades de
crecimiento. Muy atrás quedó la visión de
la empresa como enemiga y enfrentada al trabajador, aunque visionarios
mesiánicos pretendan imponerla. La responsabilidad social
corporativa y la aplicación de una buena política
y práctica en esta materia puede lograr que la confrontación
se transforme en colaboración.
Luz Modroño,
Madrid, enero del 2006.
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