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de febrero de 2008 La Habana
– www.PayoLibre.com – No se trata en esta ocasión de analizar
el excelente libro de George Orwell, sino de meditar sobre la incipiente revuelta
de los trabajadores cubanos que laboran en empresas extranjeras y embajadas contra
la imposición de la Resolución 277-07. Esta
normativa establece que los mencionados trabajadores deberán pagar impuestos
por las “gratificaciones” en divisas que reciben de los empleadores
extranjeros, práctica conocida pero legalmente prohibida por las autoridades
hasta el presente. Debe subrayarse que en La Mayor de las Antillas los trabajadores
no pueden contratarse directamente con las empresas foráneas ni las embajadas
acreditadas. Tienen que hacerlo esencialmente a través de la organización
ACOREX en las primeras, y con CUBALSE en las segundas. Después
de minuciosas investigaciones de los solicitantes para aprobar la idoneidad, proceso
indispensable para laborar en entidades extranjeras, lo cual significa ante todo
ser “políticamente aceptable”, la persona seleccionada firma
un contrato con la firma intermediaria, que establece unilateralmente sus prerrogativas,
como cobrar las divisas correspondientes al sueldo del trabajador y pagarles en
la depreciada moneda nacional. Si
la persona no tiene una conducta adecuada, en particular políticamente,
puede ser remplazada inmediatamente, aunque la empresa foránea esté
complacida con sus cualidades laborales. Según informaciones brindadas
por actuales trabajadores, se estima que lo percibido por ellos de ACOREX representa
aproximadamente un 5,0% del salario en divisas al convertirse en pesos corrientes
lo recibido en divisa por la tasa oficial. Esto denota los altos dividendos captados
por el estado a través de sus empresas intermediarias, y del significativo
aporte de estos trabajadores a la sociedad. En
esas circunstancias los empleadores extranjeros por lo regular entregan gratificaciones
a los empleados nativos para estimularlos laboralmente, puedan vestir y calzar
decentemente, alimentarse en el trabajo y pagar un transporte que les permita
llegar puntualmente. Nadie
puede estar en desacuerdo con que los trabajadores cubanos paguen impuestos por
sus ingresos, como sucede en el mundo entero, pero como puede apreciarse en el
método de contratación vigente, esos empleados abonan considerable
parte de su retribución a innecesarios empleadores estatales, que, además,
no les dan ningún servicio. La
nueva medida ha provocado gran irritación evidenciada en la reunión
efectuada con los empleados asociados a ACOREX el pasado 12 de enero bajo la presidencia
de la Sra. Nelly Cubillas, viceministra de Finanzas, quien presentó la
Resolución 277-07 a los asistentes. Las protestas fueron airadas, aplaudidas
por los asistentes y sin faltar algunos abucheos a desenfocadas manifestaciones
de los funcionarios. Con
esa experiencia se han suspendido otras reuniones programadas para discutir la
Resolución 277-07. Todo hace indicar la aplicación de la medida
sin mayores explicaciones. Esto se desprende de una carta remitida a los trabajadores
de Cubalse, con un plegable adjunto donde esta detallado “cómo proceder
en cumplimiento de lo dispuesto”. La misiva informa que el plazo de inscripción
en el registro de contribuyentes es hasta el 1 de abril, agregándose que
funcionarios de Cubalse y la Oficina Nacional de Administración Tributaria
(ONAT) estarán disponibles hasta el 8 de febrero para hacer “aclaraciones”.
Como puede apreciarse
todo indica una aplicación del impuesto sobre las gratificaciones sin debates
adicionales. Una evidente contradicción, en un momento que se habla de
cambios y es reconocido “el exceso de prohibiciones y medidas legales, que
hacen más daño que beneficio”, según dijera el Presidente
en funciones Gral. Raúl Castro, en la última sesión de la
Asamblea del Poder Popular, efectuada en diciembre. La
explicación a esta absurda situación, pudiera residir en el tradicional
y obsesivo deseo de las autoridades cubanas a imponer un forzado igualitarismo
en la sociedad, que en la práctica ha destruido al país y generado
un acelerado proceso involutivo hacia la miseria generalizada. De esta forma,
en vez de elevar el nivel de vida y las perspectivas de progreso a los sectores
más necesitados, para disminuir las diferencias entre los ciudadanos, se
ha castigado a todo aquel que con sus esfuerzos honestos ha mejorado algo, y contribuye
más al beneficio colectivo. Un procedimiento por el cual todos hemos sido
convertidos en menesterosos, ejecutoria sin relación alguna con nobles
ideas sociales. Si se
quiere una relación transparente con los trabajadores que prestan sus servicios
en empresas extranjeras y embajadas deberán ser eliminados todos los arbitrarios
y antidemocráticos mecanismos de contratación. En primer lugar,
permitir a los cubanos contratarse directamente con entidades extranjeras, sin
otro requisito que los meritos de los candidatos, sin discriminaciones por motivos
políticos; de acuerdo a una legislación racional, respetuosa con
los principios aceptados por Cuba en la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Paralelamente debe facilitarse la creación de organizaciones
sindicales reales, con las cuales estos trabajadores puedan defender sus derechos
y mantener una relación normal con el empleador foráneo. De
esta forma se podría establecer un impuesto lógico sobre los ingresos
totales, de manera que estos trabajadores puedan contribuir también al
avance nacional. Esta medida permitiría ahorros extras al poder prescindirse
de inmensas organizaciones burocráticas y quedar libre un numeroso personal
que podría dedicarse a actividades útiles. En
el aspecto internacional los beneficios serían sustanciales al mejorar
la deteriorada imagen del gobierno, al empezar a cumplir acuerdos aceptados mundialmente.
Ahora, que se quiere alentar la inversión extranjera -una política
acertada en línea con las urgentes necesidades de la nación- la
instauración de un clima de transparencia laboral puede coadyuvar considerablemente. Esperemos
que la cordura esté presente en la solución de este problema, creado
por desafortunados manejos burocráticos en las relaciones con los compatriotas
que laboran en empresas mixtas y embajadas. Ojala, que el sentido común
triunfe sobre la tozudez y que pronto podamos ver los anunciados cambios estructurales
y de conceptos, en especial en materia laboral para beneficio de todos los trabajadores
cubanos. Oscar Espinosa
Chepe es Economista y Periodista Independiente
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