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LA HABANA, Cuba -
Cada proceso histórico
tiene sus zonas de luz y de oscuridad. El toque
distintivo lo da el predominio de claridad o sombras. Así
fue también en la
joven república de Cuba anterior a 1959, de la que el actual
régimen se
ocupa en destacar sólo la noche, lo tenebroso, sin ningún
ornamento.
Ignora muchos momentos
de gloria, como que en tan pocos años, habiendo
estado deshecha por una devastadora guerra de treinta años
contra el
coloniaje español, alcanza demostrado desarrollo económico
y social y pudo
darse a sí misma la Constitución de 1940, considerada
en su momento la más
avanzada no sólo de Cuba, sino en todo el planeta, cuyo
indeleble sello
democrático y progresista aparece en la Declaración
Universal de Derechos
Humanos, presentada por la delegación cubana y aprobada
por Naciones Unidas
en 1948, de la que fue madre nutricia la Carta Magna de Cuba.
El derecho constitucional
de habeas corpus -presentación del reo al
tribunal- puede tomarse por otro ejemplo de derecho constitucional
del
pasado reciente conculcado por el actual régimen de La
Habana, como lo
demuestra no conceder este derecho al conocido abogado disidente
René Gómez
Manzano, lo que de paso, pone de relieve la supeditación
del poder judicial
al gobierno por razones políticas. También hace
recordar que en aquella
república echada abajo en 1959, el recurso jurídico
de habeas
corpus -enraizado en el antiquísimo legado jurídico
de la Roma milenaria-
hoy campantemente ignorado, fue eficazmente empleado por incontable
número
de opositores a la dictadura de Fulgencio Batista, mejorando sus
condiciones
carcelarias y aun salvando vidas de prisioneros.
La prisión de
Gómez Manzano por sus ideas contrarias al régimen,
y la
negativa de habeas corpus imprimen al régimen sello de
la peor intolerancia
política y parece demostrar que no está dispuesto
a permitir de ninguna
manera la controversia ciudadana.
Apabullante realidad
política del país que necesariamente hace retrotraer
la
memoria a épocas del pasado más reciente, cuando
en Cuba se podía opinar
incluso bajo el régimen golpista, antidemocrático
de Batista.
Singular ejemplo de
debate público amplio, abarcador de toda la sociedad
entonces, y democrático, fue la controversia en torno al
grandísimo proyecto
ideado en 1912 de construcción del Canal Vía Cuba,
en el que estuvo muy
empeñado el gobierno de Batista, pero que no pudo concretarse.
La promulgación
de la Ley-Decreto 1618 por Batista en 1954 y la creación
de
la empresa concesionaria "Compañía del Atlántico
al Mar Caribe de Cuba, SA",
conmocionó la sociedad cubana y dio comienzo a la viva
discusión entre
adeptos y oponentes a la ley que dividiría a la isla en
dos mitades: 34 mil
kilómetros cuadrados al este y 80 mil al oeste.
Parte de las razones
del proyecto aparecen consignadas en esa ley:
"Acortaría la distancia de navegación entre
Cayo Hueso, La Florida, donde
existe un enorme complejo aeronaval norteamericano y el canal
de Panamá".
Estaba implícita
la importante función estratégica del canal, impuesta
por
la época de guerra fría y la defensa de los valores
democráticos y el
inusitado auge del comercio marítimo tras el fin de la
Segunda Guerra
Mundial, además como importante fuente de negocios y empleos
que el canal
traería a Cuba.
El canal sería
atravesado por unos doce buques diariamente y dispondría
de
una extensión de 95 kilómetros con 40 metros de
ancho y 15 de profundidad,
desde la Bahía de Cochinos hasta la Bahía de Cárdenas,
al norte, donde se
acondicionarían unas 6 millas de atraque, todo muy próximo
a la famosa playa
Varadero.
Ejemplo de que Cuba
podía acometer tan colosal obra parece demostrarlo la
ejecución del Túnel de la Bahía de La Habana,
en esa misma época, entre
otros ejemplos modernos y grandiosos constructivos, cuyo ritmo
quedó
detenido en 1959.
Tan pronto se anunció
la construcción de la vía marítima, la sociedad
cubana
quedó polarizada. Los medios e instituciones cívicas
y religiosas entraron
en la lid política pacífica, destacándose
la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU), que convocó a un foro nacional sin
banderas políticas,
que como prueba de imparcialidad en los debates estuvo presidido
por dos
relevantes figuras de la vida nacional como presidentes de honor:
el rector
de la Universidad de La Habana, Clemente Inclán y el abogado
Cosme de la
Torriente.
Predominó la
idea de que el canal marítimo pondría en juego la
soberanía e
integridad territorial, a pesar que se explicó, entre otras
razones, que los
canales de Suez y Panamá eran demostrativos de lo inexacto
del concepto
nacionalista esgrimido.
Las más variadas
instituciones, desde sindicatos, profesionales,
industriales, campesinos, de abogados, médicos, veteranos,
eclesiásticos,
inversionistas y partidos políticos, incluyendo afines
al gobierno,
participaron en el amplio debate de varios días, que comenzó
el 17 de enero
de 1955 en el Aula magna de la Universidad de La Habana.
Incluso, un grupo de
ciudadanos presentó contra el proyecto de canal,
propiamente llamado Vía Cuba, un recurso de inconstitucionalidad
ante el
Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Tribunal
hecho
desaparecer -sin sustitución-, lo mismo que la Constitución
de 1940, por el
actual gobierno.
Aunque el proyecto
de canal no prosperó y la Ley-Decreto 1618 no pudo
ejecutarse, dejó un buen ejemplo de uso de democracia participativa
y nadie
fue reprimido por aquel gobierno golpista por oponerse a los designios
gubernamentales. Todo lo contrario a cuantos intentos ha hecho
la sociedad
independiente actual por cambiar la ley desde la ley misma recibiendo
tenaz
represión incluido encarcelamiento.
Que a los reos no se
le conceda el recurso legal de habeas corpus forma
parte del mismo contexto político oficialista.
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